En la Argentina de hoy sería casi
imposible afirmar que la economía no presenta altos niveles de concentración.
Hay quienes relacionan la dinámica inflacionaria actual con el abuso de
posición dominante por parte de los empresarios que buscan por esa vía
ganancias extraordinarias. También se sostiene que la concentración es uno de
los grandes obstáculos para el desarrollo económico, pues sin libre competencia
son débiles los incentivos privados para innovar tecnológicamente. Exponer
brevemente estos argumentos sirve para ilustrar la importancia que debe
asignársele al tema de la concentración.
En
la literatura económica, se denomina concentración al crecimiento del capital
por la plusvalía producida por ese mismo capital, lo que implica la
concentración de medios de producción. Se trata de un proceso principalmente
físico, que lleva al aumento de la dimensión de las unidades productivas, del
tamaño del capital invertido, del volumen total de la producción, de la mano de
obra empleada y de la productividad media de esos obreros empleados.
Por otro lado, la centralización del capital
consiste en que dos o más capitales independientes se unen formando uno solo.
El proceso de centralización del capital se realiza, ante todo, debido a la
competencia en la que los capitalistas más poderosos que disponen de grandes
capitales, vencen a los menos poderosos. Las grandes empresas utilizan
tecnología más avanzada y tienen una mejor organización de la producción y, por
ende, una mayor productividad del trabajo. Esto les proporciona una
considerable superioridad en la competencia. De esta manera, cada vez son
necesarios capitales más grandes para poder desarrollar exitosamente alguna de
las ramas de la producción y cada vez menos capitalistas controlan dichos
capitales.
Los procesos
de concentración y centralización del capital están íntimamente vinculados
entre sí, teniendo
como consecuencia histórica la formación y consolidación de monopolios y
oligopolios, es decir, la conformación de unidades productivas de grandes dimensiones
que mantienen una presencia dominante en el mercado. Estas pocas empresas de
gran tamaño operan sobre las reglas de la competencia, distorsionando la
actuación del libre mercado y determinando precios independientemente de la
demanda.
Ejemplos concretos del proceso actual de centralización del
capital son la unión de las empresas de energía eléctrica Endesa (España) con
Enel (Italia), la fusión entre Telefónica de España con Telecom Italia,
pertenecientes al mercado de la comunicaciones, y el intento del gigante
alimenticio Pepsico (EEUU) de adquirir Danone (Francia). Asimismo, un caso
paradigmático es la unión vernácula de las empresas de servicios de televisión
por cable más importantes de la Argentina, Multicanal y Cablevisión, ambas
propiedad del Grupo Clarín. Es evidente para
todos los especialistas en la materia (y los que no también) que producto de la
misma lógica actual del funcionamiento capitalista, este proceso de fusión de
grandes empresas multinacionales se ha acelerado en los últimos años.
Las fusiones de estas empresas y de las grandes masas de capital
detrás de ellas, suponen además del proceso de centralización y concentración
del capital, la expansión exterior del capital en busca de tasas de ganancia
diferentes a las del mercado interno de sus respectivos países. Esta expansión
exterior es una respuesta a las dificultades de la acumulación del capital en
el mercado interno y se desarrolla mediante la internacionalización del capital
como relación social.
La
internacionalización de los capitales como medio para contrarrestar la caída de
la tasa media de ganancia, la búsqueda de nuevos mercados donde penetrar con
las producciones y para la expansión de nuevas ramas de la producción, y la
absorción de la competencia, han resultado todas ellas medidas muy lucrativas y
altamente eficientes para las grandes empresas en la actual fase del desarrollo
capitalista. Asimismo, la reducción y/o eliminación de las fronteras
comerciales a nivel internacional (circulación libre de capitales), la venta de
empresas estatales a bajo precio, la exportación de capitales, altas tasas de
interés y precios bajos en materias primas y mano de obra, todas
características del orden económico neoliberal imperante a escala mundial, han
permitido las transferencias de enormes masas de ingresos desde los países de
la periferia, como el nuestro, hacia las potencias del centro.
Es por
ello imperante que los estados nacionales tomen medidas tendientes a impedir la
concentración corporativa global y de esta manera defender a sus ciudadanos.
Impidiendo el establecimiento de monopolios y alentando la libre competencia,
los estados estarán así evitando subas de precios injustificadas, favoreciendo
una ampliación en la diversidad de los productos ofrecidos en el mercado,
mejorando la calidad de los servicios y estimulando la innovación productiva.
Sin embargo, nos encontramos en un estadio
del desarrollo capitalista en donde las empresas son cada vez menos y más
grandes, y éstas poseen cada vez mayores poderes para imponer sus productos y
pautas de consumo, determinar condiciones de trabajo y ejercer presiones
políticas para obtener las normas y legislaciones que consideren necesarias
para favorecer sus negocios, al mismo tiempo que los estados pierden influencia
o capacidad de maniobra frente a la mundialización económica y la acción de las
empresas multinacionales.
La Argentina, por supuesto, no
está exenta de todo esto. Nuestro país presenta serias deficiencias en lo que respecta
a los instrumentos y mecanismos para reducir los altos niveles de centralización
que manifiesta la economía argentina. En el 2014 se ha legislado sobre
prácticas anticompetitivas (la reforma a la antigua ley de abastecimiento ahora
llamada Regulación de las relaciones de producción y consumo), que es un paso
importante, pues dichas prácticas (acuerdos de precios, prácticas exclusorias)
muchas veces impulsan la centralización. Sin embargo, no alcanza con ello. Es
necesario que el Estado nacional cuente con herramientas legales capaces de
enfrentar no sólo los posibles efectos (las prácticas anticompetitivas), sino
directamente la estructura económica centralizada.
El debate sobre la nueva ley
de abastecimiento permitió vislumbrar tan sólo una pequeña parte de todas las
maniobras que un importante sector del empresariado está dispuesto a realizar
para resistir a toda política que intente regular sus movimientos. No obstante,
surge como tarea indelegable del Estado llevar a cabo las políticas y utilizar
todos los instrumentos legales a su alcance para obtener la renovación del
tejido industrial y transformar, de una vez por todas, la matriz productiva
altamente concentrada con la que actualmente se enfrenta el país.
